Adiciona el Capítulo 3A al Título VIII Constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. La ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el Procedimiento Especial Agrario y Rural, con base en los principios y criterios del derecho agrario, con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos y a los Grupos étnicos del país. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de los respectivos tribunales y juzgados agrarios rurales y el Congreso de la República expedirá la ley que establezca la estructura, funcionamiento y competencias de esta Jurisdicción, así como su procedimiento especial.