Adiciona el Capítulo 3A al Título VIII Constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. La ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el Procedimiento Especial Agrario y Rural, con base en los principios y criterios del derecho agrario, con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos y a los Grupos étnicos del país. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de los respectivos tribunales y juzgados agrarios rurales y el Congreso de la República expedirá la ley que establezca la estructura, funcionamiento y competencias de esta Jurisdicción, así como su procedimiento especial.
 

Modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural que estará integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales.