La Corte Constitucional destaca la importancia de la protección reforzada que el Estado debe brindar a las niñas, niños y adolescentes, en especial a aquellos que pertenecen a comunidades indígenas. Así mismo, reconoce la autonomía de la jurisdicción especial indígena para resolver conflictos internos, pero subraya que esta autonomía tiene límites: no puede contradecir los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como el derecho a una vida libre de violencias.
 

La Corte indica que adoptó varias órdenes para proteger los derechos al debido proceso y a una vida libre de violencias de la actora y para que la comunidad valore, conforme a sus usos y costumbres, otras conductas que podrían resultar lesivas para las comuneras, teniendo en cuenta la situación estructural de discriminación en la que se encuentran las niñas y mujeres indígenas. También adoptó órdenes para evitar que la práctica de negociación de terrenos de la propiedad colectiva continúe al interior de la comunidad.