La Corte Constitucional confirma la sentencia del 12 de marzo de 2019, proferida en única instancia, por la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que NEGÓ el amparo del derecho al debido proceso y a la administración de justicia solicitado por Román Aristizábal Vasco dentro del expediente T-7.694.360 y Revoca la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida en única instancia, por la Sub Sección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que NEGÓ el amparo a los derechos de petición, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados por Víctor Alfonso Santos Ospina dentro del expediente T-7.694.358. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado., toda vez que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en virtud de sus potestades constitucionales y legales consagradas en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo y el artículo 28, inciso 7, de la Ley 1820 de 2016, está facultada para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como para adoptar criterios de selección y descongestión, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de todos aquellos que pretenden someterse a la JEP así como de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas.