La Corte, a modo de jurisprudencia anunciada, decidió eliminar el "test de procedencia" establecido en la Sentencia SU-005 de 2018 como método para evaluar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. La justificación para eliminarlo incluye que incorporaba requisitos no previstos en la ley (afectando el principio de legalidad), presentaba inconsistencias dogmáticas (exigiendo prueba de hechos no directamente relacionados con la vulnerabilidad), y afectaba el principio de igualdad. A partir de esta sentencia, el examen de la acentuada vulnerabilidad deberá realizarse conforme al principio de libertad probatoria y a los criterios que desarrolle la jurisprudencia, como edad, estado de salud, fuente de ingresos y dependencia del núcleo familiar.