La Corte examinó el cumplimiento del trámite legislativo de la Ley 846 de 2003, concluyendo que cumplió con los requisitos formales, incluyendo: 1. Competencia del funcionario que suscribió el acuerdo: El ex Ministro de Relaciones Exteriores tenía la facultad de firmar sin necesidad de plenos poderes. 2. Aprobación Presidencial: El Protocolo fue aprobado y enviado al Congreso por el Presidente de la República. 3. Trámite en el Congreso: Se verificó el cumplimiento de los requisitos de iniciativa, publicación, debate, quórum y el tiempo entre debates en ambas Cámaras (Senado y Cámara de Representantes). 3. Requisito de Anuncio Previo: Se constató el cumplimiento del requisito de anunciar la votación del proyecto en una sesión previa y distinta a aquella en que se realizaría la votación, conforme al Acto Legislativo 01 de 2003 (Art. 160 C.P.).
 

El título de una ley constituye un criterio de interpretación de las disposiciones en ella contenidas que puede ayudar a determinar cuál es el alcance del articulado, su finalidad y su ámbito de aplicación, por lo cual circunscribe o delimita la materia tratada en el respectivo cuerpo normativo. En este sentido, debe señalar entonces los asuntos o temas generales que se pretende regular, aunque no debe dar noticia de todas y cada una de las disposiciones que integran la ley, pues esto se tornaría en algo imposible de cumplir, ya que ello depende de la extensión del ordenamiento respectivo, como de la variedad de temas que allí se consagren. Si bien el título carece de valor normativo, en la medida en que de él no se desprenden prescripciones normativas susceptibles de aplicación administrativa o judicial, es indudable que dicho título exhibe valor como criterio de interpretación de las normas contenidas en dicha ley. Así las cosas, en la medida en que el título de una ley puede llegar a ejercer algún grado de influencia en la atribución de significado jurídico que se ofrezca a las disposiciones allí consignadas, la cuestión de su determinación adquiere relevancia desde la perspectiva constitucional pues el empleo de determinado título puede conducir a interpretaciones que conduzcan a una violación del texto superior.