La Corte contempla la posibilidad de promover actuaciones de orden policial, en las que se actúe directamente sobre las construcciones en los casos que se adelanten actuaciones urbanísticas omitiendo el deber de solicitar licencia o cuando no se ajusten a ella, por lo que el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas. Así las cosas, se establecen sanciones (i) de orden pecuniario, consistente en multas que varían según el tipo de infracción y el metraje que la configure, y también contempla (ii) la demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a costa del interesado, pudiéndose cobrar por jurisdicción coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma. Precisando que en el caso en concreto se realiza un análisis donde se determina que las acciones realizadas por el señor Mario Alberto Camacho Beltrán fueron tendientes a proteger a su hijo en situación de discapacidad y debilidad manifiesta y que el estado debe ser garante y promotor de la igualdad entre personas, por lo que se concluye anular los apartes e la Resolución 116ª, del 27 de noviembre de 2013 en lo relacionado con la altura de la reja que cerca la casa, razón por la cual la reja deberá continuar a la altura prevista por el accionante, hasta tanto la administración municipal analice constitucionalmente el cargo expuesto por el accionante, y, de ser el caso, requiera las pruebas necesarias y estudios que permita concluir si la altura prevista por el POT es adecuada para atender la situación de discapacidad del hijo del accionante.