La Corte Constitucional reflexiona sobre la relación entre la difusión de información falsa y los discursos de odio. En el ámbito internacional, se ha reconocido que la desinformación puede generar efectos graves, incluyendo el desprestigio de personas o grupos, la incitación a la violencia o la afectación de procesos democráticos. La Corte examina si el contenido de Matarife pudo haber fomentado un discurso de odio contra Uribe Vélez, alentando la estigmatización y la animadversión pública hacia él. Se establece que, si bien la crítica política es legítima, la forma en que se construyen las narrativas puede contribuir a la polarización y a la creación de percepciones negativas basadas en información no verificada. Este análisis permite a la Corte determinar si las afirmaciones contenidas en la serie cumplen con los estándares de veracidad exigidos en la jurisprudencia internacional.
 

La Corte señala que Marcos se extralimitó en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión puesto que incumplió con su deber de abstenerse de propagar discursos prohibidos; en concreto, aquel que tienen por objeto discriminar a la mujer por el hecho de serlo e incitar a la violencia a través de las diferentes formas de agresión en línea estudiadas. En consecuencia, la Sala concluye que el demandado vulneró los derechos a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, al buen nombre y a la honra, dado que el contenido de los actos comunicativos estudiados en la presente providencia tuvo como propósito atacar a Daniela en razón de su género, perpetuar estereotipos de género, humillarla, difamarla, y cuestionarla por ejercer su sexualidad. Esta Sala reitera que los discursos que perpetúan estereotipos de género y constituyen violencia contra la mujer no están protegidos por la libertad de expresión
 

La Corte concluye que la conducta del accionado, aunque no se inscribe dentro de las categorías de discurso excluidas de protección constitucional, sí constituye una forma de ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Ello es así porque desbordó sus límites constitucionales al afectar de manera desproporcionada derechos fundamentales de especial relevancia, como la memoria histórica, la verdad extrajudicial y la no revictimización de las víctimas del conflicto armado. la Sala recuerda que la libertad de expresión no protege de manera equivalente todas las formas de expresión, sino que exige ponderaciones diferenciadas según el valor constitucional del discurso, el contexto en que este se produce y los derechos fundamentales comprometidos. Adicionalmente, la Sala considera necesario precisar que la conducta del accionado no sólo resulta reprochable por constituir un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sino también por el incumplimiento de los deberes reforzados que le son exigibles en su calidad de servidor público de elección popular.