La Corte Constitucional concluye que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a los líderes sociales, a pesar de que muchos de ellos han denunciado reiteradamente las amenazas en su contra. Se señala que los esquemas de protección implementados hasta ahora han sido insuficientes o han llegado demasiado tarde, cuando las agresiones ya han ocurrido. La Corte ordena a las autoridades diseñar estrategias de prevención que aborden las causas estructurales de la violencia contra los líderes sociales y garantizar que los mecanismos de protección sean accesibles, efectivos y diferenciados según el nivel de riesgo de cada líder.
 

La Corte Constitucional analiza el grado de cumplimiento de los decretos 2252 de 2017 y 660 de 2018, los cuales establecen medidas de prevención, seguridad y protección para promotores de paz y convivencia en zonas de conflicto. El decreto 2252 establece lineamientos de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que el decreto 660 crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. La Corte advierte que, pese a la existencia de estos marcos normativos, su implementación ha sido insuficiente y muchas de sus disposiciones no se han ejecutado adecuadamente. Se ordena al Ministerio del Interior garantizar la puesta en marcha efectiva de estas normas, en coordinación con entidades territoriales y comunidades afectadas, priorizando la protección en regiones con altos índices de violencia. Además, se hace énfasis en la necesidad de desarrollar protocolos específicos para la protección de territorios rurales, donde el acceso a las medidas de seguridad ha sido históricamente más limitado.
 

Insta al Ministerio de Defensa Nacional a que, con fundamento en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026 Garantías para la Vida y la Paz, articule y coordine con las fuerzas militares y la Policía Nacional la adopción de medidas enfocadas al debilitamiento y desmantelamiento de las estructuras criminales que atentan contra la vida de los(as) líderes(as) sociales y personas defensoras de derechos humanos y, con ello, garantizar el ejercicio libre y seguro de esta labor.
 

La Corte reiteró el deber reforzado del Estado de proteger a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz, así como la obligación de la UNP de adelantar evaluaciones de riesgo motivadas, integrales y con enfoque diferencial, de modo que las medidas de protección sean adecuadas, eficaces y proporcionales a la situación de amenaza de los actores.