La Corte Constitucional refiere que, las Mesas de Garantías constituyen una herramienta clave para la articulación de la sociedad civil con las instituciones del Estado en materia de seguridad y protección de líderes sociales. Estas mesas operan en dos niveles: el nacional y el territorial. A nivel nacional, la Mesa Nacional de Garantías coordina la respuesta estatal y permite la participación de organizaciones sociales, mientras que las Mesas Territoriales se encargan de analizar y atender las problemáticas específicas de cada región. Para mejorar su funcionamiento, la sentencia destaca la importancia de las submesas temáticas, entre ellas, las de protección, investigación, prevención y género, que buscan atender de manera diferenciada las diversas amenazas a las que se enfrentan los defensores de derechos humanos. En este contexto, la Corte subraya la necesidad de garantizar que estas mesas no sean espacios meramente consultivos, sino que tengan incidencia real en la formulación de estrategias de seguridad y que cuenten con compromisos verificables por parte del Estado.