La Corte Constitucional resalta la importancia de reinstaurar el diálogo entre organizaciones de líderes sociales y el gobierno, una interlocución que fue suspendida desde 2019 y que ha afectado la formulación de estrategias de seguridad efectivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado establecer espacios de participación donde los defensores de derechos humanos puedan expresar sus preocupaciones y plantear propuestas de seguridad de manera directa. En este sentido, la Corte ordena al gobierno la reactivación de mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil para garantizar una comunicación fluida y efectiva en la construcción de políticas de protección. Se enfatiza que estas instancias no deben ser meramente simbólicas, sino que deben tener un impacto real en la toma de decisiones, con compromisos claros por parte del Estado.