El Consejo de Estado hace análisis en la validez de los documentos expedidos en el extranjero presentados en licitaciones públicas, enfatizando la obligatoriedad de su legalización o apostilla para que tengan valor probatorio en Colombia, de conformidad con el Código de Comercio (Artículo 480) y el Código de Procedimiento Civil (Artículo 259), en concordancia con la Ley 80 de 1993 (Artículo 22, numeral 4). Se aclara que la entidad no tiene la facultad de solicitar la subsanación de este tipo de deficiencias una vez cerrado el plazo de la licitación.