El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá cofinanciar, con cargo a los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario, proyectos de fomento orientados a las actividades que se mencionan en esta norma.
 

La Corte concluyó que, aunque la Ley precisa cuáles son los comportamientos reprochables, define las líneas generales del procedimiento aplicable y las autoridades llamadas a desarrollar este régimen, no ocurre lo mismo con el contenido material de las sanciones. En efecto, la disposición acusada permitía al Ministerio de Agricultura establecer sanciones discrecionalmente, sin los límites precisos que exige el derecho al debido proceso en materia sancionatoria. Por lo tanto, la Corte consideró que la delegación de la facultad de establecer sanciones aplicables a las asociaciones campesinas y agropecuarias era incompatible con la Constitución.