Fija el lineamiento institucional que determina los criterios a tener en cuenta por parte de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social para autorizar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud.
 

Presenta los lineamientos de trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, permisos remunerados - salario sin prestación del servicio que pueden ser considerados por los empleadores, con el fin de proteger el empleo y la actividad productiva, considerando que el COVID- 19 se trata de un fenómeno temporal y que el trabajo, conforme lo señala el artículo 25 constitucional, "es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado."
 

Establece medidas temporales para la operación del programa Colombia Mayor con ocasión de la fase de contención frente al COVID-19 y de la declaración de Emergencia Sanitaria, Económica Y Social.
 

Indica que los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes ante la presente emergencia por COVID-19, adicionalmente, las Administradoras de Riesgos Laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID-19.
 

Dicta lineamientos respecto del trabajo en casa, en relación con aspectos en materia de Relaciones Laborales, de Jornada de Trabajo y de Armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal.
 

Establece medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los Sectores de Comercio, Industria y Turismo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con medidas específicas para empresas proveedoras del servicio de domicilios, de mensajería y los operadores de plataformas digitales relacionadas, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
 

SOBRE LA NO EXIGENCIA DE PRUEBA DE SARS-CoV-2 (COVID-19) POR PARTE DEL EMPLEADOR A TRABAJADORES Y ASPIRANTES A UN PUESTO DE TRABAJO.
 

Precisa que los concejales deben estar afiliados y cotizar al Sistema de Seguridad Social; Pensión, Salud, ARL y cajas de compensación familiar, con cargo al presupuesto municipal en los municipios de cuarta, quinta y sexta categorías, por lo que en los demás debe ser asumido por las respectivas corporaciones, lo anterior en aras de garantizar su derecho.
 

Informa a todas las empresas públicas, privadas y a los diferentes destinatarios de la presente que de conformidad a la Resolución número 312 de 2019, las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento de las empresas se registrarán en la aplicación habilitada en la página web del Fondo de Riesgos Laborales hasta el 31 de enero de cada año,
 

Establece, el régimen de transición para la entrega de elementos de protección personal para Covid-19, culminada la Emergencia Sanitaria, por tal motivo, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán entregar los elementos de protección de personal que existan en sus inventarios al personal de primera línea del área de la salud que atienden en Covid-19, Dicha entrega se efectuará a partir de la expedición de la presente circular, sin que pueda excederse del 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar existencias; presentarán a la Superintendencia Financiera los informes financieros detallados de la destinación de los recursos de las cotizaciones del sistema de riesgos laborales.
 

Recuerda a las Cajas de Compensación Familiar que los desempleados que cumplan con los requisitos de acceso al Mecanismo de Protección al Cesante - MPC -, deberán ser incluidos en el registro para ser beneficiarios de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones por seis meses, así como de una transferencia económica por un valor de uno punto cinco salarios mínimos mensuales legales por un periodo de cuatro meses, dividida en mensualidades decrecientes por igual número de meses.
 

Define y reccuerda la competencia de los inspectores de trabajo y seguridad social, direcciones territoriales, Unidad de Investigaciones Especiales y oficinas especiales del Ministerio de Trabajo, con relación a la competencia de adelantar procedimiento de averiguación preliminar y/o procedimiento administrativo sancionatorio, en los casos en los cuales el empleador termine el contrato de trabajo sin justa causa, donde las y los trabajadores cuenten con el fuero de protección legal por acoso laboral; el fuero de protección legal es de seis (6) meses, contados desde la instauración de la queja, denuncia o querella, ante el respectivo comité de convivencia laboral, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control, competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.
 

Informa sobre el Registro anual autoevaluaciones de Estándares Mínimos y planes de mejoramiento del SG-SST en el aplicativo destinado para tal fin.
 

Insta a las Instituciones Públicas de Educación Superior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 344 de 2021, esto es, garantizar los permisos sindicales de organizaciones sindicales de servidores públicos como titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados previstos en los estatutos sindicales para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.
 

Imparte instrucciones para la gestión y mitigación del riesgo en los ambientes de trabajo, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por el contagio de la Covid-19, y que serán complementarias a las establecidas en la Circular No. 003 de 2022 del Ministerio del Trabajo, y de la Circular Conjunta No. 004 de 2022.
 

Deja sin efecto circulares expedidas en el marco de la pandemia covid-19 y la circular 049 de 2019, ya superada la emergencia sanitaria, resulta adecuado dejar sin efecto las Circulares expedidas bajo esas condiciones excepcionales y temporales, ya que mantenerlas, podrían generar confusiones, antinomias o contradicciones en un contexto normal como el que ya vivimos.
 

Orienta a las direcciones territoriales, coordinaciones e inspectores/as a cómo abordar el tema cuando existan quejas contra dichos instrumentos del derecho laboral colectivo, precisando que pesar de las extensas recomendaciones internacionales, existe en el país un preocupante número de pactos colectivos o beneficios extralegales otorgados por el empleador, cuya condición de acceso es no encontrarse sindicalizado, lo cual, impide el nacimiento de sindicatos, detienen el crecimiento de los existentes o contribuyen con la destrucción de éstos.
 

Emite lineamientos en relación a los reajustes pensionales para el año 2023, entre los cuales se encuentra que el monto mensual de la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente y que el valor de la pensión cuyo monto mensual en el 2022, fue superior al salario mínimo legal mensual vigente, aplicara el reajuste para el año 2023 del 13,12%. Adicionalmente establece que aquellas pensiones que cuenten con el reajuste en mención y que en aplicación del IPC se exceda los 25 SMMLV, el ajuste se realizará al tope señalado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C - 258 de 2013.
 

Emite lineamientos a las empresas pública y privadas para la realización y el registro anual de autoevaluación de estándares mínimos y planes de mejoramiento. Adicionalmente informa acerca de la ampliación del plazo para realizar el reporte anual de dicha autoevaluación y plan de mejoramiento.
 

Establece los criterios para autorizar o negar solicitudes para laborar horas extras y los requisitos para acceder a ellas.
 

Lineamientos para la implementación de los horarios flexibles, el teletrabajo y demás estrategias con énfasis en el enfoque de género y la corresponsabilidad del cuidado en el marco del fortalecimiento del empleo público. Dentro de los lineamientos se destaca: Medidas para incentivar y fortalecer la participación de las mujeres, Salas amigas de la familia lactante del entorno laboral, Jornadas diferenciadas para mujeres embarazadas, Permisos remunerados para asistir a citas médicas propias o de sus hijas y/o hijos menores de edad y/o del familiar en primer grado de consanguinidad que se encuentre bajo su cuidado legal, Flexibilización de la jornada laboral y Teletrabajo como una forma de organización laboral, de productividad y bienestar para las y los servidores públicos.
 

Reglamenta el reajuste de pensiones para el año 2024, estableciendo incrementos del 12.07% para pensiones equivalentes al salario mínimo llegando a $1.300.000, del 9.28% para pensiones superiores según el IPC, y fijando topes y condiciones especiales para casos que queden por debajo del mínimo o excedan los 25 SMLMV, en cumplimiento de la normatividad vigente y jurisprudencia constitucional.
 

Establece que, las Administradoras de Riesgos Laborales, prestarán asesoría permanente a sus empresas afiliadas acorde a la normatividad legal vigente e instruirán a los empleadores con una metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos para las y los trabajadores que se puedan presentar en el desarrollo del trabajo por la exposición al precitado fenómeno.
 

Imparte recomendaciones con el fin de prevenir, identificar, atender y reparar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y discriminación contra las personas que se auto identifican pertenecientes a los sectores sociales LGBTIQ+, las cuales están sustentadas en prejuicios y estereotipos de género que derivan en conductas discriminatorias a quienes tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual o una identidad de género diferente a la cisgénero.
 

Establece prestación de servicios asistenciales y económicos a cargo de las administradoras de riesgos laborales en el sistema general de riesgos laborales para atender accidentes de trabajo o enfermedad laboral (atel) en el sector transporte, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia, incluyendo a conductores y conductoras y otros grupos vulnerables.
 

Establece que, los empleadores con la asistencia técnica de las Administradoras de Riesgos Laborales deben desarrollar acciones dirigidas a promover estilos de vida y trabajo saludable.
 

Precisa el alcance de la negociación salarial en el ámbito territorial establecida en el Decreto 243 de 2024, aclarando que las autoridades territoriales mantienen la competencia para negociar salarios con organizaciones sindicales dentro del límite máximo fijado por el Gobierno Nacional, en concordancia con los principios de autonomía territorial y presupuestal.
 

Aclara el ámbito de aplicación del Decreto 243 de 2024 respecto a los derechos de negociación colectiva de los asesores de carrera administrativa en el sector estatal, estableciendo que estos servidores, a diferencia de los asesores de libre nombramiento y remoción, están facultados para negociar pliegos de solicitudes y ser incluidos en los acuerdos colectivos dada su vinculación por mérito al empleo público.
 

Imparte instrucciones para la mitigación del impacto frente a la posible introducción de casos de mpox (antes viruela simica) clado Ib, ante la declaración de esta enfermedad como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por la Organización Mundial de la Salud. Actualización Circular 33 de 2022.
 

Establece el plazo entre el 3 de febrero y el 28 de marzo de 2025 para que empleadores públicos y privados, contratantes, trabajadores, organizaciones solidarias, agremiaciones, empresas temporales, estudiantes afiliados, administradoras de riesgos laborales y entidades de seguridad registren en la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo la autoevaluación anual correspondiente al año 2024 sobre el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 

Imparte recomendaciones para el ajuste de las pensiones para la vigencia fiscal 2025 teniendo en cuenta el SMMLV y el IPC.
 

Comunica la existencia de un canal único de recepción de acciones de tutela del Ministerio del Trabajo, establecido de conformidad con los artículos 197, 199 y 205 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, informando que el correo electrónico notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co es la única vía habilitada para recibir notificaciones judiciales relacionadas con tutelas, solicitando a los juzgados, tribunales y altas cortes utilizar exclusivamente este canal oficial para garantizar la atención oportuna de las acciones judiciales en las que el Ministerio sea parte.
 

Recalca las obligaciones que existen en el ordenamiento jurídico, con el propósito de generar acciones que tiendan a resolver la problemática de medidas sanitarias en los lugares de trabajo, orden y limpieza en las empresas del sector minero.
 

Insta a los interesados a realizar la actualización de la capacitación virtual de carácter gratuito en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la resolución 4927 de 2016.
 

Busca prevenir, identificar y atender situaciones de acoso laboral, acoso sexual y discriminación contra las personas trans, personas no binarias y de identidad de género no hegemónica, en razón a los prejuicios y estereotipos de género que se derivan en conductas discriminatorias.
 

Insta al sector privado a adoptar y aplicar de manera inmediata políticas, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral y educativo, conforme a los parámetros de la Ley 2365 de 2024 y el enfoque de interseccionalidad, género y diversidad territorial.
 

Informa que en atención a lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025 "Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales para el trabajo decente y digno en Colombia" se introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano un esquema de cotización flexible al Sistema de Seguridad Social, que permite efectuar aportes a pensión, Riesgos Laborales y a Caja de Compensación Familiar por períodos inferiores a un mes, para aquellos trabajadores que devengan ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.
 

Imparte instrucciones para sensibilizar a las mujeres rurales y campesinas sobre sus derechos laborales, promoviendo la igualdad y velando por la eliminación de cualquier forma de discriminación y explotación en el ámbito laboral rural.
 

Establece los lineamientos que deberán observar los Inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social, orientados a eliminar barreras en la gestión del trámite, asegurar su resolución eficaz y garantizar la debida protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras con estabilidad laboral u ocupacional reforzada.
 

Establece lineamientos para la inclusión del enfoque de género en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector público, incluyendo consideraciones sobre la situación laboral de mujeres y población LGBTIQ+, la estructura de una guía técnica con abordajes teóricos y prácticos, estrategias de monitoreo mediante informes anuales que serán evaluados por el DAFP, y mecanismos de difusión interinstitucional para garantizar la implementación efectiva de estas orientaciones en las entidades públicas.
 

Orienta la implementación del Decreto número 089 de 2025, incorporando en los procedimientos administrativos la posibilidad de que los solicitantes de determinación de la condición de refugiado y sus beneficiarios ejerzan actividades u ocupaciones en el país, siempre que cuenten con salvoconducto de permanencia SC-2 para resolver situación de refugio vigente.
 

Brinda a los ciudadanos una herramienta que facilite la interpretación y aplicación del artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, que modifica el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta circular se configura como un mecanismo institucional para atender de manera general y unificada las inquietudes que han sido presentadas de forma masiva, en calidad de peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 

Reconoce y dignifica el trabajo de las personas manipuladoras de alimentos constituye un acto de reivindicación del valor de la vida, la equidad de género y la justicia social; significa además reconocer la entrega cotidiana de quienes hacen posible que la alimentación escolar se consolide como eje transformador de realidades y garantice oportunidades de aprendizaje, esperanza y futuro.
 

Imparte orientaciones para el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre formalización laboral de las personas manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
 

Solicitud de publicación de la Resolución 20253040021042 del 30 de mayo de 2025 que actualiza las tarifas de los servicios del Registro Único Nacional de Tránsito
 

Establece las directrices para el registro obligatorio de la autoevaluación de estándares mínimos y los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondientes al ejercicio 2025. El documento precisa que todos los empleadores públicos y privados, así como contratantes y organizaciones de economía solidaria, deben realizar este reporte de manera virtual a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales, fijando como plazo máximo el 31 de julio de 2026.
 

Establece el procedimiento para que las empresas de Misionalidad 2 (aquellas que no son de transporte pero operan flotas de más de 10 vehículos o contratan conductores) realicen el reporte anual de autogestión de su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Esta norma exige que el PESV esté plenamente articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y define que, para el reporte del año 2025, el plazo máximo de entrega será el 30 de mayo de 2026, organizado según el último dígito del NIT. El reporte debe enviarse a través del enlace virtual oficial de la entidad y es obligatorio incluso si los vehículos son de propiedad de los empleados o contratistas, siempre que se usen para fines misionales.
 

Fija los lineamientos para la actualización y divulgación del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) en el sector privado, en desarrollo de la modificación al artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo introducida por la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025). El acto administrativo precisa que los empleadores deben cumplir de manera obligatoria con un esquema dual de publicación: la fijación física de dos copias legibles en sitios visibles de cada centro de trabajo y la publicación permanente en un medio virtual de libre acceso para los trabajadores como intranet, correo electrónico o repositorios digitales. Cuando la empresa disponga del canal virtual, se exceptúa la obligación de realizar múltiples fijaciones físicas en sedes o lugares de trabajo separados. Asimismo, la circular exige agotar el procedimiento previo de objeciones y concertación con los trabajadores o sindicatos (artículo 119 del CST) so pena de multas de hasta cinco salarios mínimos, advierte que cualquier modificación no divulgada carecerá de efectos jurídicos y obliga a las empresas a conservar evidencias razonables (fotografías, actas o capturas de pantalla) que soporten la debida publicidad de la versión vigente.
 

Emite orientaciones con ocasión de las afectaciones producidas por el sismo registrado el 10 de agosto de 2026 y de la Situación de Desastre de Carácter Nacional declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1171 de 2026, con el fin de facilitar, dentro del marco jurídico vigente, respuestas laborales proporcionales que protejan la vida y la integridad, preserven el empleo y los ingresos, permitan atender situaciones personales y familiares urgentes y favorezcan la continuidad segura de las actividades productivas y de servicios.
 

Establece las directrices obligatorias para prevenir, atender y tramitar las quejas por discriminación racial en el ámbito laboral dentro de las entidades públicas nacionales y territoriales. Amparada en el artículo 13 constitucional, convenios internacionales y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la circular define estas conductas basadas en motivos étnicos o raciales como sujetos de especial protección y las clasifica formalmente como una modalidad de acoso laboral bajo los términos de la Ley 1010 de 2006. Para su tratamiento, se fija una ruta de atención institucional que faculta a los servidores públicos afectados a interponer quejas formales ante el Comité de Convivencia Laboral, el cual deberá tramitarlas bajo estrictos principios de reserva, celeridad y no revictimización según la Resolución 3461 de 2025.
 

Establece la directriz oficial para el seguimiento y reporte de la Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027. Dirigida a gobernaciones, alcaldías, el ICBF, el DNP, las Cajas de Compensación Familiar y los integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la circular insta a los entes territoriales a armonizar los cinco ejes estratégicos de la política en sus planes de desarrollo locales, asegurar el adecuado registro y actualización de datos en el sistema SIRITI e informar obligatoriamente el estado de avance de sus compromisos institucionales (clasificados como culminados, en proceso o sin iniciar). Asimismo, la directriz aclara que la delegación de funciones por parte de los mandatarios locales no los exime de la responsabilidad directa sobre la política pública, recomienda que la secretaría técnica de los comités CIETI sea asumida por dependencias del nivel central con capacidad de gestión, y habilita canales institucionales específicos para la recepción de informes periódicos y soporte técnico interinstitucional.
 

Imparte lineamientos para la publicación del reglamento interno de trabajo establecido en el artículo 120 del código sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 8 de la ley 2466 de 2025.
 

Imparte lineamientos institucionales que establezca los criterios que deberán ser observados por los Inspectores e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social al momento de decidir sobre trámite de autorización de terminación del vínculo laboral en casos de estabilidad laboral reforzada por discapacidad o condiciones de salud.
 

Deroga y deja sin efectos unas circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo, luego de una revisión jurídica y de técnica normativa que encontró en algunos casos problemas que comprometen directamente la adecuada delimitación de competencias, la reserva normativa o el alcance de derechos fundamentales; otros contienen errores de referencia, de alcance normativo o de generalización jurisprudencial; otros mezclan reglas obligatorias con recomendaciones sin distinguir su fuerza jurídica; y otros han agotado sustancialmente la finalidad transitoria para la cual fueron expedidos. Así, su finalidad es impedir que continúen operando hacia el futuro como fuente autónoma de obligaciones, requisitos, criterios de decisión o parámetros de inspección, sin perjuicio de la aplicación directa de la Constitución, la ley, los reglamentos y la jurisprudencia vinculante que correspondan en cada materia.