Modifica la expedición del certificado de capacitación que acredita la aptitud en conducción, otorgado por los Centros de Enseñanza Automovilística y establece un procedimiento.
 

Reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos
 

Establece las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados por Centros de Reconocimiento de Conductores y se modifica la Resolución 217 de 2014
 

Reglamenta las características generales de implementación y de funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Enseñanza Automovilística - CEA y de los Centros Integrales de Atención - CIA, que deberá ser implementado por estos vigilados para permitir el ejercicio de la vigilancia y control por parte de la Superintendencia, para exigir que la expedición de los certificados emitidos por estos centros, se realice bajo las normas de carácter legal y los reglamentos expedidos por el Ministerio de Transporte.
 

Modifica el artículo 24 de la Resolución 217 de 2014, con relación a la vigencia del Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, el cual será de máximo 6 meses.
 

Prorroga el plazo establecido en el inciso primero del artículo 16 de la Resolución número 5228 del 2016 del Ministerio de Transporte en doce (12) meses a partir del 14 de diciembre de 2018, para que los Centros de Reconocimiento que se encuentren habilitados demuestren el cumplimiento de las condiciones y requisitos para mantener la habilitación respectiva.
 

Deberán las Autoridades de Tránsito realizar el control en vía y si evidencia que el conductor cuenta con alguna de las restricciones asociadas en la presente resolución, deberá validar el cumplimiento de las adaptaciones requeridas si hay lugar a ellas. Las Autoridades de tránsito y los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito tendrán 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para realizar los ajustes razonables a fin de generar capacitación al personal de atención al público en la respectiva entidad, implementar las condiciones para garantizar la accesibilidad y establecer canales de atención incluyentes para las personas con pérdida auditiva que accedan a sus servicios y trámites.