Declara el 10 de octubre como el Día Nacional del Colombiano Migrante.
 

Establece las condiciones de vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogados para migrantes venezolanos que gocen del Permiso de Protección Temporal (PPT).
 

Señala la Sala que dando aplicación a los principios constitucionales de solidaridad, dignidad humana, interés superior y protección especial de los menores de edad, y en razón a la prevalencia de los derechos fundamentales de estos, no es dado a las instituciones prestadoras de servicios de salud negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su situación de permanencia irregular en territorio nacional. El no suministro oportuno de dicha atención, además de contravenir los principios superiores, vulnera los derechos fundamentales de la menor de edad a la salud y a la vida en condiciones dignas.
 

Modifica el artículo 1° de la Resolución número 570 de 2021 que reglamenta el artículo 2.1.1.6.9.6 del Decreto 1077 de 2015 en el sentido de incorporar los treinta y dos (32) municipios y distritos priorizados por el Banco Interamericano de Desarrollo y los cuatro (4) municipios priorizados por el Banco Mundial, los cuales han tenido mayor impacto migratorio y en los cuales debe enfocarse el programa Semilleros de Propietarios subsidios para población migrante.
 

Modifica parcialmente la Resolución número 4278 de 2022, que adopta el formato de Certificación de Trámite del Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de identificación para los nacionales venezolanos dentro del territorio de la República de Colombia, en el sentido de ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023 y acceder a otros beneficios, entre otros.
 

Exhorta a todas las autoridades, entidades e instituciones destinatarias de la presente directiva a garantizar, con enfoque diferencial y de género, los derechos, la atención, la orientación y la toma de declaración de la población migrante víctima del conflicto armado interno, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales, jurisprudenciales de derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario referentes a la no discriminación.
 

La Corte reafirma que las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a acceder a servicios de salud, especialmente en situaciones de urgencia o cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este derecho es inalienable y no puede ser condicionado a la regularización de su situación migratoria. La Corte enfatiza que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a los derechos fundamentales, como la salud, a todas las personas que se encuentren en su territorio, sin discriminación por razones de estatus migratorio. Esta obligación se deriva de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos.