Determina la Sala la violación del derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva de la accionante, puesto que su decisión de solicitar la implantación del preembrión encuentra apoyo en el contenido del acuerdo celebrado sin importar la ruptura de la pareja, así como en el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos.
 

Imparte recomendaciones para garantizar el acceso seguro, oportuno y de calidad a la atención integral en interrupción voluntaria del embarazo (ive), en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.
 

La Corte Constitucional ordena a COMFAGUAJIRA EPS y a la Clínica Santa Ana de Dios S.A.S., a cumplir con los lineamientos y parámetros constitucionales y legales referentes a la prestación de un servicio de salud idóneo y de calidad y, particularmente, en la práctica de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. Lo anterior implica capacitar a su personal respecto de esos lineamientos y parámetros, y mantener la debida confidencialidad de las pacientes que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, en respeto de su derecho a la intimidad. La Sala también concluyó que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales incoados de la accionante, a partir de las múltiples acciones de violencia obstétrica que se presentaron durante el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La Sala consideró que eran responsables de esos hechos tanto la IPS como la EPS a la que está afiliada la actora, pues las EPS tienen la responsabilidad de garantizar la prestación de un servicio de salud idóneo y de calidad, lo cual abarca a las IPS y a los profesionales médicos que brindan ese servicio.
 

Garantiza la protección de los derechos de estudiantes gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de paternidad en las Instituciones Educativas del país, con el fin de que no se vean afectados sus derechos fundamentales y puedan seguir desarrollando sus actividades académicas sin poner en riesgo su vida, la del menor o feto en gestación.
 

El Auto destaca las deficiencias en la atención de salud sexual y reproductiva (falta de insumos menstruales y problemas con anticonceptivos) , la falta de atención oportuna para urgencias no vitales de los niños , y la ausencia de especialistas en pediatría.
 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, determina si el Hospital Departamental Intercultural Renacer y la Nueva EPS vulneraron los derechos sexuales y reproductivos y a la salud de una adolescente indígena, al imponerle barreras que obstaculizaron la posibilidad de decidir autónomamente sobre el uso de métodos anticonceptivos por brindarle la inyección trimestral como insumo de planificación, en lugar del implante subdérmico elegido por ella. Como resultado de las pruebas recaudadas, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la Sala acreditó la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión dirigida a que se realizara el procedimiento de implante subdérmico solicitado por la adolescente indígena. Lo anterior, al constatar que las entidades accionadas programaron la cita y llevaron a cabo el procedimiento pretendido. Advirtió que imponer un método de anticoncepción cuando se elige otro, sin justificación médica y/o científica, además de constituir una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, supone una anulación de la dignidad humana, libertad y autonomía de las mujeres y adolescentes indígenas a escoger su propio camino. Esta actuación debe entenderse aún más reprochable cuando se predica de los agentes del sistema de salud que tienen el deber de asesorar y orientar a las mujeres indígenas que acuden a sus servicios. La Sala Cuarta de Revisión llama la atención a la autoridad judicial de la primera instancia sobre el uso del lenguaje en el caso objeto de revisión, recordándole que las autoridades judiciales también deben tener especial cuidado en el lenguaje que utilizan a la hora de proferir juicios respecto de las situaciones que han sido llevadas a su competencia.
 

Adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035 con el fin de avanzar hacia el reconocimiento y la garantía efectiva, el respeto y la protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población, así como la promoción de la sexualidad plena y saludable, mediante la implementación de acciones transectoriales que reduzcan las brechas y barreras para su ejercicio.
 

La Corte Constitucional enfatiza en la Autonomía y Libertad Reproductiva, señalando que se reconoce como el derecho de las personas a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su procreación, incluyendo el momento, la frecuencia y el número de hijos. Asimismo, la Corte establece que la decisión de gestar o abstenerse de hacerlo trasciende la simple voluntad y se ubica en el plano del derecho subjetivo reivindicable ante el Estado; y la no interferencia, Implica la ausencia de injerencias externas (familiares, médicas o estatales) en las decisiones reproductivas.