Establece disposiciones para el uso de los excedentes provenientes del proceso de saneamiento de aportes patronales de la vigencia 1994 a 2011, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015. Estos recursos, por un valor de $180.000.000.000, se distribuirán entre departamentos y distritos para el saneamiento fiscal y financiero de la red pública prestadora de servicios de salud, programas viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el pago de servicios y tecnologías no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud de los afiliados al Régimen Subsidiado. La distribución de los recursos se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001, y los departamentos y distritos deberán especificar si los recursos se destinan al saneamiento fiscal y financiero de la red pública prestadora de servicios de salud o al pago de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. Además, se establecen condiciones para el pago de la deuda por parte de los departamentos y distritos, incluyendo la certificación otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la depuración, conciliación y auditoría de las deudas, y la priorización de las mismas. Finalmente, se detallan los requisitos para el giro de los recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, mixtas o privadas.
 

Determina los requisitos de elegibilidad y los criterios de priorización para la asignación de recursos del proyecto "Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud Nacional".
 

Actualiza los criterios de priorización para la asignación de recursos a los departamentos, distritos y municipios, provenientes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO. Establece 8 criterios y define dos grupos a los que aplicarán así: Primer grupo: municipios con mayores áreas de cultivos de cocaína, a los cuales se les aplicará únicamente el criterio del numeral 1 de este artículo. A estos municipios se les distribuirá el 60% de los recursos. Segundo grupo: Departamentos, distritos y ciudades capitales a los cuales se les aplicarán los criterios del numeral 2 al 8. A estas entidades territoriales se les distribuirá el 40%.
 

Autoriza a las entidades territoriales y las Empresas Sociales del Estado (ESE) modifiquen parcialmente los proyectos de adquisición de ambulancias. Se permite modificar el tipo de tracción y el combustible, siempre y cuando se justifique cómo la alternativa seleccionada cumple con la necesidad inicialmente presentada. No se asignarán recursos adicionales y cualquier excedente debe ser devuelto al Tesoro Nacional. Las entidades tienen un plazo para realizar la adquisición y, en caso de no cumplirlo, deben devolver los recursos junto con los rendimientos financieros generados. Aquellas entidades que no presenten los proyectos modificados deberán devolver los recursos de inmediato.
 

Establece los criterios para que las entidades territoriales puedan usar recursos no ejecutados según la Resolución 2360 de 2016 en el pago de deudas acumuladas por servicios y tecnologías en salud prestados a la población migrante no afiliada. También modifica la Resolución 2360 de 2016 en sus artículos 3, 4 y 5 y establece un procedimiento para el giro de los recursos.
 

Establece las reglas para la asignación y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante transferencias que efectúe el Ministerio de Salud y Protección Social. Parágrafo. Se encuentran exceptuados de la aplicación de esta resolución, las transferencias normadas en otras disposiciones específicas.
 

Asigna recursos a los departamentos y distritos certificados en salud, destinados a la cofinanciación de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante no asegurada o en condición irregular, y se establecen las condiciones para el giro de los recursos a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
 

Establece las disposiciones unificadas y el contenido metodológico marco que rige el presupuesto máximo para la gestión y financiación en los regímenes contributivo y subsidiado de los servicios y tecnologías en salud no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- y no excluidos de la financiación con recursos públicos asignados a la salud en los componentes de procedimientos de salud, medicamentos, alimentos para propósitos médicos especiales APME- y servicios.
 

Modifica la Resolución 1382 de 2021 en cuanto a los requisitos de elegibilidad y los criterios de priorización para la asignación de los recursos del Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Salud y Protección Social asignados en el Presupuesto General de la Nación para la ejecución de Proyectos de Inversión viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación, que tienen como objetivo la ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional.
 

Asigna recursos con base en la información reportada por los departamentos y distritos. certificados en salud, por concepto del valor pendiente de pago de las cuentas auditadas y reconocidas, de la facturación radicada entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2025, por las IPS públicas, privadas y mixtas.
 

Crea una prima especial que reconozca la atención y asistencia a pacientes oncológicos para los médicos especialistas del Instituto Nacional de Cancerología y se causara de forma mensual.