Crea con carácter permanente y adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, el "Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños", como organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado colombiano para combatir el tráfico, la explotación y abuso sexual de las mujeres, niñas y niños
 

Se designa un Notario en propiedad.
 

Determina los objetivos dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo; también coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.
 

Establece el contenido mínimo del Programa de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho.
 

Solicita a las Comisarías de Familia de todo el país realizar de manera urgente y prioritaria el traslado formal a las Inspecciones de Policía correspondientes de todos los procesos policivos que cursan en sus despachos comisariales, asegurando la relación del estado de los procesos y de los actos urgentes que tengan identificados, de manera ordenada, detallada e individualizada; y en consecuencia, abstenerse de seguir adelantando actuaciones procedimentales de policía judicial.
 

Modifica la estructura del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el sentido de crear la Oficina de Control Disciplinario Interno, modificar las funciones del Despacho del Ministro, las funciones de la Dirección Jurídica y las funciones de la Secretaria General con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 en materia del proceso disciplinario.
 

Efectúa el nombramiento de notario en propiedad en el Círculo Notarial de Bogotá D.C., en cumplimiento de la orden judicial contenida en la Sentencia de 30 de agosto de 2018 proferida por la Sección Segunda, Subsección "D" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
 

Fija los criterios sobre el contenido mínimo de los programas de Capacitación y de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho, se establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del aval que lo autoriza
 

Adoptar el protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación en el ámbito laboral. la Directiva Presidencia 01 de 2023 imparte directrices con la finalidad de erradicar los estereotipos discriminatorios dentro de la función pública y de crear espacios seguros y libres de violencia para las mujeres en toda su diversidad, así como de otros sujetos de especial protección constitucional, tanto en el ámbito laboral como contractual de la administración pública, para lo cual se requiere la adopción de un protocolo por parte de las entidades públicas teniendo como modelo el "Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público" emitido por Presidencia de la República.
 

Imparte lineamientos de publicación y divulgación de información normativa y uso necesario del enlace con el Sistema Único de Información Normativa del Estado Colombiano SUIN-Juriscol.
 

Por el cual se designa un Notario en interinidad en la Notaría Cuarenta y Ocho (48) del Círculo Notarial de Bogotá D.C.
 

Establece los lineamientos y responsabilidades de las entidades territoriales para la implementación efectiva de la Ley 2126 de 2021 sobre el fortalecimiento de las Comisarías de Familia, detallando su naturaleza jurídica, estructura institucional, financiación y funcionamiento, así como la próxima entrada en vigencia de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar.
 

Establece el estándar de costos enunciado en el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 2126 de 2021, para la destinación de los recursos derivados del recaudo de la Estampilla para la Justicia Familiar con la cual se financiarán los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación de las Comisarías de Familia de sus territorios.
 

Concede a las mujeres y personas menstruantes vinculadas al Ministerio de Justicia y del Derecho, cuando su condición. médica lo certifique, 3 días continuos de trabajo virtual al mes, debido a síntomas asociados a su periodo menstrual.
 

Fija las tarifas en unidades de valor básico (UVB), para el pago de los servicios de evaluación y seguimiento, así como los criterios para las devoluciones a que haya lugar por la prestación de los servicios a los titulares de las licencias de semillas para siembra y grano, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo y licencias extraordinarias para el cultivo de plantas de cannabis, así como para el pago de los servicios de seguimiento de las licencias de fabricación de derivados de cannabis, de fabricación de derivados no psicoactivos de cannabis y extraordinaria de fabricación de derivados por investigación no comercial.
 

Reglamenta el artículo 38 de la Ley 1957 de 2019 relacionado con las condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las sanciones propias y medidas impuestas mediante providencia judicial por la Jurisdicción Especial para la Paz.
 

Modifica la Sección 4 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015.
 

Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (Decreto 1069 de 2015) para adoptar formalmente la Política Pública Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada. Esta normativa, proyectada a un horizonte de implementación de diez años, se enmarca en las disposiciones del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley 2294 de 2023 y Decreto 532 de 2024) y en el reconocimiento de las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección constitucional (Ley 2364 de 2024). La política pública se estructura en cuatro componentes temáticos (Atención Integral, Prevención y No Repetición, Búsqueda e Identificación con Entrega Digna, y Derecho a la Justicia) y cinco ejes transversales, ordenando a la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda adoptar su Plan de Acción y Seguimiento (PAS) dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación. Asimismo, establece el cumplimiento obligatorio de sus directrices para todas las entidades del Sistema Nacional de Búsqueda, garantizando la articulación territorial y la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de familiares.
 

Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (Decreto 1069 de 2015) para adoptar el Plan Transversal para la Búsqueda y Reparación de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Mujeres Desaparecidas. Esta norma se expide en desarrollo de la Ley 2326 de 2023 (que creó el mecanismo de urgencia "Alerta Rosa") y del Decreto 1428 de 2024, estableciendo un instrumento de carácter interinstitucional obligatorio para las 17 entidades que integran el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa encabezado por la Fiscalía General de la Nación y con secretaría ejecutiva de la Policía Nacional y para las autoridades de todos los niveles territoriales. El Plan Transversal cuenta con un horizonte de vigencia de diez años (prorrogables), se articula de forma obligatoria con el Sistema Nacional de Búsqueda (Ley 2294 de 2023) y exige la aplicación de enfoques de género, diferencial e interseccional en todas las fases de búsqueda, localización, protección y reparación. Asimismo, impone el seguimiento semestral a través del Comité de la Alerta Rosa y la rendición de un informe anual de evaluación ante las Comisiones de Derechos Humanos y de la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.
 

Modifica las reglas administrativas de reparto de las acciones de tutela en Colombia (específicamente los artículos 2.2.3.1.2.1 y 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015), así mismo, aclara que estas reglas son puramente administrativas de reparto y no alteran ni crean competencias judiciales ni jurisdiccionales y aplica únicamente a las tutelas interpuestas a partir de la fecha de su publicación, las tutelas anteriores seguirán con el trámite vigente al momento de su radicación.
 

Adopta la Guía para la Valoración de Percepción de Riesgo de Feminicidio en el Contexto Familiar como instrumento técnico oficial para la valoración de percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar.