Establece criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, tiene por objeto promover la equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación.
 

Reconoce que las desigualdades son el resultado de la asignación inequitativa de roles, y la persistencia de normas culturales, sociales e institucionales que refuerzan los patrones socioculturales discriminatorios de género, raza, discapacidad, entre otros.
 

Revoca la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de Decisión Penal, y en su lugar CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 06 de septiembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño y Ampara el principio fundamental de la dignidad humana, y los derechos a la igualdad, libertad de profesión u oficio, acceso a la tierra y debido proceso de la señora Estefanía Paola Hernández Capera, toda vez que primero la ANT incurrió en una indebida valoración probatoria, al derivar de los elementos de juicio allegados al expediente que la señora Hernández ya no ostenta la calidad de campesina. Esto, se debe a que dio un valor probatorio equivocado al hecho de que la señora Hernández actualmente es empleada pública y cuenta con un grado de instrucción técnica, segundo la Sala evidenció que la dilación injustificada para resolver el recurso de reposición interpuesto por la Procuraduría en el año 2014, mismo que fue resuelto en el año 2021, constituye a todas luces una mora administrativa injustificada e irrazonable, que no puede argumentarse, al menos con la breve exposición en sede de revisión, en la transición del INCODER a la ANT y tercero a decisión de la ANT de revocar la adjudicación omitió la especial vulnerabilidad de la mujer rural y los fines de mejorar el nivel de vida que tiene la adjudicación del predio, así como el énfasis en el acceso a la formación técnica que han buscado tanto el Legislador como el rector de la política pública, de tal manera que se mejoren las condiciones en el campo y se evite la continua migración de la mujer hacia las ciudades.
 

Presenta el Informe de Conciliación al Proyecto de Ley 011 de 2023, Senado - 060 de 2022, Cámara, el cual establece medidas para la reducción de las desigualdades de género existentes en el sector de la infraestructura civil y construcción en Colombia, a través de una mayor participación de la fuerza laboral femenina, promoviendo formación y cambios en las políticas de contratación del sector, apuntando a la incorporación de las mujeres a través de la estrategia Más mujeres construyendo.
 

Establece medidas para la reducción de las desigualdades de género existentes en el sector de la infraestructura civil y construcción en Colombia, a través de una mayor participación de la fuerza laboral femenina, promoviendo formación y cambios en las políticas de contratación del sector, apuntando a la incorporación de las mujeres a través de la estrategia "Más mujeres construyendo.
 

El tribunal determinó que no se puede presumir que, por el hecho de que una persona haya trabajado en la industria pornográfica, todas sus publicaciones en plataformas como Instagram sean pornográficas o una oferta de servicios sexuales. Esta presunción refuerza estigmas sobre las mujeres y viola sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
 

La Corte analizó el perfil de la procesada aplicando de forma obligatoria un enfoque de género e interseccional, constatando que en ella confluían de manera simultánea múltiples matrices de vulnerabilidad y discriminación: ser mujer, indígena, con baja escolaridad, en situación de pobreza, víctima de violencia intrafamiliar y madre cabeza de hogar con dos hijos menores a su cargo tras el abandono de su expareja. La Corte evidenció que esta acumulación de desventajas estructurales la llevó a incurrir en un delito no violento de menor escala como mecanismo de subsistencia para garantizar la manutención de su familia.
 

La Corte señala que encontró varias vulneraciones al debido proceso, tanto en el trámite de repartición de bienes, como en el de imposición de la sanción de fuete, así como conductas que constituyen violencia institucional contra las mujeres. De otro lado, advirtió la práctica de negocios para la asignación de terrenos de los comuneros. Finalmente, se estudió la vulneración del derecho de petición por solicitudes que la actora presentó ante el cabildo y dos ministerios, así como la omisión de la Comisaría de Familia de efectuar el seguimiento del caso que estaba a su cargo por violencia intrafamiliar contra la actora.
 

La Corte concluyó, por un lado, que el demandado vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Determinó que las publicaciones efectuadas a través de sus distintas plataformas y redes sociales digitales configuraron violencia de género en entornos digitales y violencia simbólica. La Sala examinó las principales modalidades de violencia en línea por razón de género entre ellas, ciberhostigamiento, ciberacoso, creación, difusión o intercambio digital de fotografías, videos o audioclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento, doxing, y actos que dañan la reputación o la credibilidad de una persona. A partir de este marco analítico, estableció que los actos comunicativos del accionado se subsumían en varias de estas categorías y que, en conjunto, sometieron a la señora Daniela a un continuum de violencia. En consecuencia, concluyó que el accionado incurrió en un discurso constitucionalmente prohibido por la Constitución Política y los estándares internacionales.