Establece los porcentajes mínimos y medidas de ahorro en agua y energía a alcanzar en las nuevas edificaciones y adoptar la guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones.
 

Modifica el parágrafo del artículo 2.2.6.7.1.1. del Decreto 1077 de 2015 y se adicionan dos parágrafos transitorios, en cuanto al régimen de transición de las medidas de protección al comprador de vivienda nueva
 

Incluye dentro de la reglamentación del subsidio familiar de vivienda rural, la metodología para la definición de las zonas de difícil acceso; a los hogares pertenecientes a las mujeres víctimas de violencia de género extrema; y a las Cajas de Compensación Familiar dentro de la implementación de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, por tal razón, modifica algunos artículos de la Resolución 536 de 2020.
 

Establece las condiciones y garantías para los hogares migrantes que suscriben contratos de arrendamiento con subsidio. Los hogares migrantes pueden constituir una póliza de cumplimiento del contrato de arrendamiento en favor de particulares, la cual debe ser respaldada por una compañía de seguros autorizada. La póliza debe cubrir el periodo de arrendamiento subsidiado y al menos dos meses adicionales, y su valor asegurado debe ser equivalente al 100% del valor de servicios públicos domiciliarios adeudados y de las cuotas ordinarias de administración pendientes de pago. Además, se establecen disposiciones sobre la contragarantía y el manejo de los recursos relacionados con la misma.
 

Define como vivienda palafítica aquella vivienda construida sobre el mar, también en otros cuerpos de agua como, ríos, ciénagas, lagunas o zonas de inundación, en territorios costeros u otro tipo de territorio, especialmente en áreas fluviales y marítimas, que han sido históricamente habitadas por comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, pesqueras en donde se encuentren construidas este tipo de viviendas, según censo nacional.
 

Dispone las reglas que constituyen el marco jurídico de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico y las responsabilidades y los mecanismos de que dispone el gobierno, en todos sus niveles, para fortalecerlos.
 

Establece los porcentajes mínimos y medidas de ahorro en agua y energía a alcanzar en las nuevas edificaciones y adoptar la guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones.
 

Establece los requisitos y los soportes que deberán acreditar las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para solicitar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el trámite del giro directo de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico, destinados al pago de subsidios.
 

Establece las condiciones y los criterios para la estructuración, inversión, ejecución implementación, y seguimiento de los proyectos y programas de agua y saneamiento básico financiados con recursos administrados y/o ejecutados por el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, conforme lo dispuesto en el Titulo 9, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 406 de 2025.
 

Crea el Observatorio Nacional del Hábitat Biodiverso -ONHB como una instancia técnica y social a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene como finalidad generar valor a partir de la gestión, análisis, procesamiento y difusión de la información relacionada con la vivienda, el hábitat, el agua potable, el saneamiento básico y la transformación de los residuos sólidos del país.
 

Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones y otros documentos adoptados por la Resolución número 463 de 2017 modificada por la Resolución número 1026 de 2021.
 

Adiciona el Título 14 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015, con relación a la optimización de los recursos del Estado para alcanzar los mejores resultados posibles con el menor costo, que permita la articulación entre esta primera respuesta estatal y la política de vivienda, lo cual amerita una reglamentación integral que aborde estas temáticas desde el principio de progresividad de la vivienda.