Establece los porcentajes de incremento en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes Contributivo y Subsidiado en 2025, fijados en 5,36%, detallando los componentes del ajuste, incluyendo la financiación de servicios previos y nuevas tecnologías como pruebas COVID, tamizaje neonatal básico y rutas de atención para exposición al asbesto, definiendo así los lineamientos para la aplicación de estos incrementos en contratos entre EPS, EOC, e IPS, recordando que estos deben reflejar el ajuste mientras se garantizan acuerdos voluntarios dentro de los 30 días siguientes a la vigencia del ajuste.
 

Establece los montos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado, junto con las entidades adaptadas, deben aportar, reconocer y recibir en aplicación del mecanismo adicional de ajuste de siniestralidad para la enfermedad huérfana "Hemofilia A Severa", basándose en la normativa vigente y en los cálculos auditados por la Cuenta de Alto Costo, se determina un fondo común financiado por las EPS, cuya distribución depende del número de pacientes reportados.
 

Establece los porcentajes del giro directo de los recursos correspondientes a las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado y a los presupuestos máximos por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado.
 

Establece que, para fomentar la formalización laboral, las personas vinculadas laboralmente podrán permanecer en el régimen subsidiado de salud por un plazo de seis (6) meses, siempre que pertenezcan a la población en pobreza extrema, pobreza moderada o en condición de vulnerabilidad, conforme a la focalización que determine el Gobierno nacional.