Adopta la Política Pública de Trabajo Digno y Decente para fomentar empleo formal, la protección social, derechos laborales y el diálogo social con enfoques diferencial, territorial y de género, promoviendo condiciones laborales justas, erradicación de trabajo infantil y discriminación, apoyo al trabajo rural y transiciones justas en sectores productivos, articulando esfuerzos entre entidades públicas, privadas y sociales para alcanzar metas del desarrollo sostenible.
 

Genera una adición y modificación al decreto 2555 de 2010 con el fin de regular las normas y procedimientos para la administración del Componente Complementario de Ahorro Individual del Pilar Contributivo, regulando la autorización de las entidades administradoras, la obligación de proporcionar información periódica a los afiliados sobre sus aportes y rendimientos, y la implementación de políticas de prevención de conflictos de interés, con el objetivo de garantizar la transparencia, la eficiencia en la gestión de los fondos de pensiones y la protección de los derechos de los afiliados.
 

Reglamenta las multas por despido de víctimas denunciantes de acoso sexual en el contexto laboral, estableciendo criterios de razonabilidad según el tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana y grande), con montos graduales entre 1 y 5000 salarios mínimos legales diarios vigentes, definiendo los documentos requeridos para evaluar la capacidad económica del infractor y asignando al Ministerio del Trabajo la competencia para adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes.