Genera una adición y modificación al decreto 2555 de 2010 con el fin de regular las normas y procedimientos para la administración del Componente Complementario de Ahorro Individual del Pilar Contributivo, regulando la autorización de las entidades administradoras, la obligación de proporcionar información periódica a los afiliados sobre sus aportes y rendimientos, y la implementación de políticas de prevención de conflictos de interés, con el objetivo de garantizar la transparencia, la eficiencia en la gestión de los fondos de pensiones y la protección de los derechos de los afiliados.
 

Imparte recomendaciones para el ajuste de las pensiones para la vigencia fiscal 2025 teniendo en cuenta el SMMLV y el IPC.
 

Deroga y deja sin efectos unas circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo, luego de una revisión jurídica y de técnica normativa que encontró en algunos casos problemas que comprometen directamente la adecuada delimitación de competencias, la reserva normativa o el alcance de derechos fundamentales; otros contienen errores de referencia, de alcance normativo o de generalización jurisprudencial; otros mezclan reglas obligatorias con recomendaciones sin distinguir su fuerza jurídica; y otros han agotado sustancialmente la finalidad transitoria para la cual fueron expedidos. Así, su finalidad es impedir que continúen operando hacia el futuro como fuente autónoma de obligaciones, requisitos, criterios de decisión o parámetros de inspección, sin perjuicio de la aplicación directa de la Constitución, la ley, los reglamentos y la jurisprudencia vinculante que correspondan en cada materia.