Adopta la Política Pública de Trabajo Digno y Decente para fomentar empleo formal, la protección social, derechos laborales y el diálogo social con enfoques diferencial, territorial y de género, promoviendo condiciones laborales justas, erradicación de trabajo infantil y discriminación, apoyo al trabajo rural y transiciones justas en sectores productivos, articulando esfuerzos entre entidades públicas, privadas y sociales para alcanzar metas del desarrollo sostenible.
 

Imparte instrucciones para sensibilizar a las mujeres rurales y campesinas sobre sus derechos laborales, promoviendo la igualdad y velando por la eliminación de cualquier forma de discriminación y explotación en el ámbito laboral rural.