Adopta la Política Pública de Trabajo Digno y Decente para fomentar empleo formal, la protección social, derechos laborales y el diálogo social con enfoques diferencial, territorial y de género, promoviendo condiciones laborales justas, erradicación de trabajo infantil y discriminación, apoyo al trabajo rural y transiciones justas en sectores productivos, articulando esfuerzos entre entidades públicas, privadas y sociales para alcanzar metas del desarrollo sostenible.
 

Establece lineamientos para la inclusión del enfoque de género en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector público, incluyendo consideraciones sobre la situación laboral de mujeres y población LGBTIQ+, la estructura de una guía técnica con abordajes teóricos y prácticos, estrategias de monitoreo mediante informes anuales que serán evaluados por el DAFP, y mecanismos de difusión interinstitucional para garantizar la implementación efectiva de estas orientaciones en las entidades públicas.