Prohíbe la imposición de barreras administrativas, requisitos no normados y prácticas restrictivas que vulneren la normatividad vigente sobre facturación electrónica, radicación de cuentas y pagos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, reiterando a los actores del sistema su obligación de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la legislación.