Imparte lineamientos para la adecuada implementación de la Ley 2126 de 2021 en materia de Comisarías de Familia, exhortando a gobernadores y alcaldes a priorizar aspectos como la no asignación de funciones adicionales a comisarios, garantizar equipos interdisciplinarios capacitados, dignificar la labor de los profesionales, asegurar condiciones adecuadas de infraestructura, establecer rutas de acompañamiento con la Fuerza Pública, implementar el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM).
 

Establece los lineamientos y responsabilidades de las entidades territoriales para la implementación efectiva de la Ley 2126 de 2021 sobre el fortalecimiento de las Comisarías de Familia, detallando su naturaleza jurídica, estructura institucional, financiación y funcionamiento, así como la próxima entrada en vigencia de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar.
 

Adopta la política pública de atención al posegreso mediante casas de acogimiento para personas que han recuperado su libertad tras estar en establecimientos penitenciarios, estableciendo tres modalidades de implementación: Programa Casa Libertad, servicios en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, y articulación con organizaciones civiles, incluyendo lineamientos para servicios de apoyo psicosocial, jurídico y de reinserción laboral, con enfoque diferencial y de género, bajo coordinación del Ministerio de Justicia y el INPEC.
 

Establece los lineamientos y componentes para la transversalización del enfoque de género en el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, definiendo tres componentes estratégicos (arquitectura institucional, participación ciudadana, y planificación presupuestal) que incluyen diagnósticos de brechas de género, sistemas de información inclusivos, capacitación especializada, participación de mujeres y personas LGBTIQ+, incorporación del trazador presupuestal de equidad, además de crear la Mesa Funcional TEG como instancia de coordinación interinstitucional para garantizar la implementación efectiva de la igualdad de género en planes, programas y proyectos del sector justicia.