Ordena a las comisarías de familia abstenerse de ejercer funciones transitorias de policía judicial a partir del 4 de agosto de 2023, instruyendo el traslado urgente y prioritario de todos los procesos policivos a las Inspecciones de Policía correspondientes, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 47 de la Ley 2126 de 2021, con el fin de evitar extralimitación de competencias y garantizar el ejercicio concentrado y especializado de la atención a víctimas de violencia en el contexto familiar.
 

La Corte insiste que estudió dos tutelas acumuladas sobre la ocupación irregular de predios privados por parte de diez asentamientos informales (alrededor de 2.185 personas altamente vulnerables) en Maicao, La Guajira. Por un lado, los ocupantes exigían la protección de sus derechos a la vivienda digna y al debido proceso al enfrentar órdenes policivas de restitución; por el otro, los propietarios alegaban la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por la inejecución de los desalojos tras más de dos años de haber sido ordenados. La Corte concluyó que no se vulneraron los derechos a la vivienda ni al debido proceso de los ocupantes, pues la mora se debió a la complejidad técnica e incapacidad institucional para caracterizarlos previamente, pero sí determinó la violación del derecho a la tutela judicial efectiva de los propietarios. En consecuencia, confirmó la negativa de amparo a los ocupantes, concedió la protección a los propietarios y ordenó materializar el desalojo en un plazo de seis meses, previa actualización del censo poblacional y creación de una mesa de trabajo interinstitucional liderada por el Ministerio del Interior para brindar albergues temporales a las víctimas de desplazamiento forzado y socializar la oferta estatal, rutas migratorias y de protección social con los afectados.