Reglamenta el procedimiento de saneamiento automático de bienes inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte por motivos de utilidad pública e interés social, conforme al artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, estableciendo que las entidades públicas competentes podrán invocar este mecanismo cuando, durante o después del proceso de adquisición, existan vicios en la titularidad, gravámenes, limitaciones o medidas cautelares que impidan la plena disposición del inmueble.