Modifica el régimen prudencial de los establecimientos de crédito reduciendo gradualmente el porcentaje de ponderación para créditos de libranza del 75% al 60% en el cálculo de Activos Ponderados por Nivel de Riesgo, establece excepciones en el tratamiento de garantías de fondos públicos vigilados por la Superintendencia Financiera, actualiza las reglas de consolidación para inversiones en entidades del mismo conglomerado financiero, y precisa los criterios de agrupación de entes territoriales y entidades públicas descentralizadas en grupos conectados de contrapartes, todo ello para fortalecer la estabilidad del sistema financiero y promover mayor inclusión crediticia.