Establece criterios de diferenciación para identificar y proteger con enfoque de derechos a mineros informales de pequeña escala con vocación de formalización y en tránsito a la formalización, definiendo mecanismos de transición hacia la legalidad mediante instrumentos como formularios de intención, ejercicios de caracterización territorial, trámites de formalización diferenciados y rutas interinstitucionales coordinadas, promoviendo la articulación entre entidades nacionales y territoriales para impulsar procesos de legalización minera bajo principios de celeridad, eficacia administrativa y tratamiento diferencial que distingan la minería informal con vocación de formalización de actividades ilegales sin vocación de legalidad.