Establece los lineamientos y componentes para la transversalización del enfoque de género en el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, definiendo tres componentes estratégicos (arquitectura institucional, participación ciudadana, y planificación presupuestal) que incluyen diagnósticos de brechas de género, sistemas de información inclusivos, capacitación especializada, participación de mujeres y personas LGBTIQ+, incorporación del trazador presupuestal de equidad, además de crear la Mesa Funcional TEG como instancia de coordinación interinstitucional para garantizar la implementación efectiva de la igualdad de género en planes, programas y proyectos del sector justicia.
 

Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (Decreto 1069 de 2015) para adoptar el Plan Transversal para la Búsqueda y Reparación de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Mujeres Desaparecidas. Esta norma se expide en desarrollo de la Ley 2326 de 2023 (que creó el mecanismo de urgencia "Alerta Rosa") y del Decreto 1428 de 2024, estableciendo un instrumento de carácter interinstitucional obligatorio para las 17 entidades que integran el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa encabezado por la Fiscalía General de la Nación y con secretaría ejecutiva de la Policía Nacional y para las autoridades de todos los niveles territoriales. El Plan Transversal cuenta con un horizonte de vigencia de diez años (prorrogables), se articula de forma obligatoria con el Sistema Nacional de Búsqueda (Ley 2294 de 2023) y exige la aplicación de enfoques de género, diferencial e interseccional en todas las fases de búsqueda, localización, protección y reparación. Asimismo, impone el seguimiento semestral a través del Comité de la Alerta Rosa y la rendición de un informe anual de evaluación ante las Comisiones de Derechos Humanos y de la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.
 

La Corte analizó el perfil de la procesada aplicando de forma obligatoria un enfoque de género e interseccional, constatando que en ella confluían de manera simultánea múltiples matrices de vulnerabilidad y discriminación: ser mujer, indígena, con baja escolaridad, en situación de pobreza, víctima de violencia intrafamiliar y madre cabeza de hogar con dos hijos menores a su cargo tras el abandono de su expareja. La Corte evidenció que esta acumulación de desventajas estructurales la llevó a incurrir en un delito no violento de menor escala como mecanismo de subsistencia para garantizar la manutención de su familia.
 

La Corte ratifica que amparó los derechos al interés superior y al acceso a la administración de justicia de una niña (víctima en un proceso penal por presuntos actos sexuales), al dejar sin efectos los autos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que habían inadmitido el recurso extraordinario de casación de la víctima y rechazado la insistencia de la Procuraduría. La Corte determinó que la autoridad accionada incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución, al aplicar de forma rígida y aislada las exigencias técnicas de la casación penal, omitiendo examinar el asunto bajo la perspectiva de género y la garantía del principio pro infans. El Máximo Tribunal aclaró que el enfoque de género y la protección reforzada a la infancia son mandatos constitucionales obligatorios que exigen al juez motivar explícitamente cómo la inadmisión de un recurso es compatible con el interés superior del menor y con la debida diligencia ante violencias basadas en género, por lo que ordenó a la Sala de Casación Penal emitir un nuevo pronunciamiento de admisibilidad incorporando obligatoriamente dichos enfoques.
 

El Consejo de Estado ratificó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos a la dignidad humana, al trabajo digno y a una vida libre de violencias, al no actuar con la debida diligencia reforzada exigida en casos de acoso con enfoque de género. En consecuencia, el Consejo confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, amparando de forma definitiva los derechos de la accionante. Asimismo, ordenó a la titular del juzgado de origen adoptar medidas de alejamiento inmediatas mientras se hace efectivo el traslado, e instó a las autoridades de la Rama Judicial a aplicar de forma estricta el Protocolo Cero Tolerancia (Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023), recordando que en casos de acoso laboral es el presunto agresor y no la víctima quien debe asumir la carga de los ajustes y reubicaciones para evitar la revictimización.