Regula las medidas de protección al usuario en los procesos de reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, exceptuando el cobro por reconexión y facultando a la CRC para determinar casos específicos donde se pueda aplicar dicho cobro, estableciendo que el valor máximo debe corresponder a costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias, garantizando condiciones de acceso equitativas, transparentes y no discriminatorias en el sector de telecomunicaciones.