La Corte Constitucional reconoce y desarrolla el concepto de violencia institucional como una forma de violencia contra la mujer. Esta ocurre cuando funcionarios del Estado, actuando desde una posición de superioridad, dilatan, obstaculizan o impiden el acceso de las mujeres a las rutas institucionales para enfrentar la violencia, lo que las revictimiza. Destaca que la violencia institucional no es una simple ineficiencia administrativa, sino una forma de agresión que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado, en contravención a sus obligaciones internacionales. Indica que el concepto de "peregrinaje institucional" se utiliza para describir la situación en la que las víctimas son obligadas a recorrer distintas entidades del Estado sin recibir una atención definitiva.