La Corte Constitucional amparó los derechos de Nicolás, un joven con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y psicosocial, a quien la Universidad del Magdalena negó el acceso al programa de ingeniería de sistemas a pesar de haber superado el puntaje mínimo en las pruebas Saber 11. La Corte determinó que la universidad vulneró sus derechos fundamentales al no implementar ajustes razonables durante el proceso de admisión y, de manera más estructural, por la falta de aplicación de cupos especiales para personas en situación de discapacidad, los cuales estaban contemplados en su propia normativa interna desde 2019. Aunque la universidad argumentó limitaciones presupuestales, el tribunal señaló que esto no justifica la inacción prolongada, perpetuando así las barreras estructurales y la discriminación indirecta que enfrentan estas personas. En su fallo, la Corte Constitucional concluyó que la autonomía universitaria no puede ser un pretexto para transgredir los derechos fundamentales ni para incumplir su propia normativa. En consecuencia, ordenó a la Universidad del Magdalena comenzar a implementar progresivamente los cupos especiales para personas en situación de discapacidad a partir del semestre 2025-II, garantizando al menos uno para aspirantes en la condición de Nicolás en la carrera de ingeniería de sistemas. Además, dispuso que la universidad conforme un comité interdisciplinario de educación inclusiva. La Corte también ordenó al Ministerio de Educación Nacional evaluar la situación financiera y de infraestructura de la universidad y proponer mecanismos de apoyo y financiación para fortalecer su capacidad institucional en este ámbito.