La Corte Constitucional señala que la indexación de la primera mesada pensional se considera un derecho universal. Esto significa que aplica a las pensiones reconocidas en cualquier momento y cualquiera que sea la naturaleza de la prestación (legal, convencional o sanción). La Corte Constitucional sostiene que negar la indexación a pensiones causadas antes de 1991 constituye una violación directa de la Constitución, específicamente de los derechos a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al principio de favorabilidad en materia laboral, ya que el fenómeno inflacionario afecta a todos los pensionados por igual, independientemente de cuándo se causó su derecho.