La Corte Constitucional señala que la firma de "todos los ministros" en un decreto garantiza que el Gobierno en su conjunto asume la responsabilidad política por las medidas extraordinarias adoptadas. Esto asegura que las decisiones no sean tomadas de forma aislada, sino que representen la voluntad colegiada del gabinete presidencial, lo que fortalece la legitimidad de las acciones ejecutivas en momentos de crisis.