La Corte Constitucional enfatiza en el contenido del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el cual se centra en la implementación plena y efectiva de un conjunto de derechos interrelacionados, conocidos como "derechos de acceso". Estos incluyen: Acceso a la información ambiental: La información debe ser accesible, comprensible, oportuna y proactiva. No se requiere un interés especial para solicitarla, y la negativa debe ser justificada por escrito en base a la legislación nacional. El documento indica que se deben implementar medidas para facilitar este acceso a personas y grupos en situación de vulnerabilidad
 

Crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en adelante Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CIESCAZÚ), como instancia de coordinación y orientación del Gobierno Nacional.