La Corte señala que con el acuerdo se busca garantizar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar o recurrir decisiones, acciones u omisiones que afecten al medio ambiente. Se promueven procedimientos efectivos, oportunos y sin costos prohibitivos, además de mecanismos para facilitar la prueba del daño ambiental, como la inversión de la carga de la prueba.
 

Crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en adelante Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CIESCAZÚ), como instancia de coordinación y orientación del Gobierno Nacional.