La Corte Constitucional define el acceso a la IVE como un derecho inexpugnable con dos facetas inseparables: 1. Libertad de decisión (Faceta de defensa): Asegura a las personas gestantes la facultad de decidir libremente la interrupción hasta la semana 24, inclusive, y posteriormente bajo las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006. 2. Garantía de acceso (Faceta de protección): El Estado y los prestadores de salud deben eliminar obstáculos jurídicos, materiales y culturales para su ejercicio. Carácter absoluto: La Corte establece que ninguna autoridad (incluyendo las indígenas) o particular puede expropiar esta decisión a la persona gestante.
 

Reconoce que el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) salvaguarda la autonomía y la libertad de decisión de la mujer que, al encontrarse en alguna de las tres causales de despenalización establecidas en la Sentencia C-355 de 2006.