La sentencia SP-287 del 6 de mayo de 2026 de la Corte Suprema Justicia. El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem (2024), sostiene que la prostitución no puede ser comprendida como una actividad neutra o voluntaria en términos abstractos. Por el contrario, es un sistema de desigualdad y discriminación basado en el sexo, que reproduce relaciones de poder históricamente desiguales y configura una forma de violencia. Desde esta perspectiva, la misma existencia de mercados sexuales tiene efectos que trascienden a las víctimas directas, al consolidar imaginarios sociales en los que el cuerpo de las mujeres y niñas es susceptible de ser valorado económicamente. Ello contribuye a normalizar la mercantilización de lo femenino, perpetuar una visión sexista de los roles de género y obstaculizar el desarrollo de relaciones sexuales basadas en la igualdad, el consentimiento libre y la dignidad humana. Además, impone presiones sociales para la hipersexualización del cuerpo femenino y configura estándares de valor asociados a la apariencia y disponibilidad sexual.