Materializa la política pública de promoción, protección y garantía de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país, fundamentada en el enfoque de cuidado, de protección integral y en el principio de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, y de manera especial, los proveedores de servicios digitales y la industria del software, la comunidad educativa y las familias, con la finalidad de impulsar la prevención y educación sobre riesgos en línea, fomentar hábitos saludables en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en función de su desarrollo integral.