Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (Decreto 1069 de 2015) para adoptar formalmente la Política Pública Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada. Esta normativa, proyectada a un horizonte de implementación de diez años, se enmarca en las disposiciones del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley 2294 de 2023 y Decreto 532 de 2024) y en el reconocimiento de las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección constitucional (Ley 2364 de 2024). La política pública se estructura en cuatro componentes temáticos (Atención Integral, Prevención y No Repetición, Búsqueda e Identificación con Entrega Digna, y Derecho a la Justicia) y cinco ejes transversales, ordenando a la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda adoptar su Plan de Acción y Seguimiento (PAS) dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación. Asimismo, establece el cumplimiento obligatorio de sus directrices para todas las entidades del Sistema Nacional de Búsqueda, garantizando la articulación territorial y la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de familiares.