Levanta la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia y reactiva la eficacia de los permisos vigentes sin requerir trámites adicionales, siempre que no pesen sobre ellos suspensiones individuales, vencimientos o restricciones judiciales. Esta medida no autoriza el libre porte ni altera la normativa vigente según el Decreto Ley 2535 de 1993, por lo que el uso del arma se limita estrictamente a las condiciones y al ejemplar amparado en cada salvoconducto, ordenando además al Ministerio de Defensa actualizar los sistemas de registro e impartir las directrices necesarias a las autoridades militares.