En lo que tiene que ver con los derechos a la seguridad social y a la salud de los niños, la Corte determina que el Estado debe garantizarlos en la mayor medida posible, sin que pueda alegar, para no hacerlo, alguna ausencia de obligación legal específica, trámites administrativos, problemas de afiliaciones al sistema o cualquier otra excusa de este tipo. Frente a estos obstáculos, la Corte reitera que debe prevalecer el interés superior del menor.