La Corte Constitucional ilustra la aplicación de herramientas metodológicas esenciales, como la integración de la unidad normativa, para asegurar la coherencia y efectividad de su control judicial. Consiste en completar el sentido de la disposición acusada con otros enunciados normativos que están inescindiblemente relacionados con ella. Esto, con el propósito de asegurar que el control de constitucionalidad recaiga sobre un precepto que tenga un alcance regulador autónomo e inteligible. Es decir, si una parte del artículo demandado no tiene sentido o no puede ser entendida sin otra parte del mismo artículo o de otro, la Corte integra esas partes para analizarlas en conjunto.
 

Realiza la actualización e integración normativa, así como los ajustes de forma del Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, con el fin de cumplir con las directrices y lineamientos aplicables a la materia (Ley 2220 de 2022 y Decreto Distrital 073 del 15 de febrero de 2023).
 

Evitando que la declaratoria de inconstitucionalidad dejara la norma sin sentido, la Corte decidió aplicar la figura de la integración normativa. Esto significó que, además de la expresión demandada, también se declararon inexequibles las palabras "previstas en el" que la precedían. Esta acción buscaba preservar la coherencia del inciso segundo del artículo 153 del Código Penal y eliminar el error de forma que lo hacía inconstitucional.