La Corte Constitucional enfatiza que, cuando se ha divulgado información falsa o inexacta que afecta el buen nombre de una persona, el responsable de dicha difusión tiene la obligación de rectificar. Este deber no es una simple formalidad, sino un mecanismo de reparación que busca restablecer el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación de los afectados. En la Sentencia T-242 de 2022, la Corte estudia si Daniel Mendoza Leal debe rectificar públicamente las afirmaciones realizadas en la serie Matarife sobre Álvaro Uribe Vélez. Se destaca que la rectificación no implica censura ni limita el derecho a opinar sobre hechos de interés público; más bien, busca que la información divulgada sea precisa y que, si se han cometido errores, estos sean corregidos con la misma visibilidad con la que fueron difundidos inicialmente.