Agrega que la norma acusada habrá de declararse exequible bajo el entendido que los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos no podrán pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas más lentamente que el resto, so pena de mala conducta; y que sólo podrá embargarse bienes y rentas incorporadas al Presupuesto de la Nación, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en aquellos casos en que resulte necesario garantizar la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias, surgidas de compromisos laborales.
 

La Procuraduría determinó que os elementos estructurales para emitir un juicio de responsabilidad se hallan presentes, y habiendo dado respuesta mediante el análisis probatorio a los argumentos incorporados en el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia, puede concluirse que no existe mérito alguno para revocar el fallo, por considerar que se dan los requisitos legales para edificar un fallo sancionatorio, teniendo en cuenta que obra en el proceso prueba que conduce a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.
 

Créa el Sistema Integral de Prevención -SIP-, conformado por todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación con competencias preventivas, como un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de la función preventiva integral de la institución.
 

Se definen las políticas y aspectos relevantes de la actuación preventiva integral que las dependencias competentes de la Procuraduría General de la Nación, realizan sobre la gestión contractual de las entidades públicas y de los particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado. A la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal le es aplicable los principios consagrados en el artículo 17 de la Resolución 490 de 2008; y se realzan aplicando el procedimiento definido en la Resolución 15 de 2010.
 

Sugiere a los actuales gobernadores y alcaldes distritales, metropolitanos y municipales cumplir con las etapas y cronogramas dispuestos para el proceso de cierre de gestión y empalme, por parte de la Procuraduría General de la Nación, dentro de la competencia misional preventiva y de control de gestión otorgada por el Decreto 262 de 2000, teniendo en cuenta la defensa de los derechos fundamentales, la protección del patrimonio público y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
 

EXHORTAR a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, a dar cumplimiento a las restricciones establecidas en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, entre ellas, abstenerse de modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad y de celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos a partir del 8 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026.