Documentos para PRINCIPIOS :: Libre Competencia
Año   Documento   Restrictor  
2012   Sentencia 332 de 2012 Corte Constitucional de Colombia  

Es verdad que la Constitución establece la libre competencia como principio, que ella plasma la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, que la libertad económica está garantizada y que la gestión estatal debe cristalizarse en medidas que impidan su obstrucción o restricción, en especial si, éstas surgen merced al predominio de productores u oferentes de productos o servicios considerados en particular. Pero insiste la Corte en que la Carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente, y en que sus normas deben ser interpretadas de manera armónica y coherente, evitando posiciones absolutas, por lo cual la libertad del individuo se encuentra atemperada en la preceptiva constitucional por la prevalencia del interés colectivo (artículo 1º), por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (artículos 333, 334 y 335 C.P.) y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado.
 

 
2025   Sentencia C-032 de 2025 Corte Constitucional de Colombia  

La Corte Constitucional refuerza la idea de una economía social de mercado en Colombia, donde la libre competencia es un pilar fundamental. Sus principales conceptos son: 1. Libertad Económica y Libre Competencia: La Corte reitera que la libertad económica y la libre competencia (artículo 333 de la Constitución) son derechos de todos y constituyen un motor para el desarrollo económico y el bienestar social. Sin embargo, no son derechos absolutos y pueden ser limitados por el Estado para cumplir fines constitucionalmente válidos; 2 Deber Estatal de Garantizar la Libre Competencia: El Estado tiene la responsabilidad de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y de evitar o controlar cualquier abuso de la posición dominante en el mercado; y 3. Prohibición de Excluir Competidores: La Corte enfatiza que, aunque las medidas legislativas pueden otorgar tratos favorables a empresas públicas para el interés general, no pueden afectar el núcleo esencial de la libre competencia excluyendo a los particulares de la participación en el mercado.
 

 

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